Cuando uno lee este tipo de post, pareciera tratarse de columnas editoriales. Descriptiva y pontificadora... Tanto la Comisión de 1999, la Agenda Pro crecimiento de la Sofofa (en sus aspectos técnico-jurídicos) del 2002, como la anterior Agenda Digital, fueron documentos que suponían "determinar objetivos, metas y prioridades a efectos de hacer avanzar el país hacia la sociedad de la información en un entorno que garantice el crecimiento económico, la competitividad país y la inclusión social". Se afirma, y estamos en total desacuerdo, que existía "un entorno legal propicio para satisfacer las exigencias iniciales que resultan de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación en nuestra cotidianeidad"; discrepamos, toda vez que los errores de las leyes de protección de datos y de delitos informáticos se presentan desde sus orígenes y son independientes de Internet. Y son errores de fondo (cuyas causas deben debatirse...), que no requieren meras actualizaciones o su aggiornamiento. Y no es el momento ni la instancia de "hacerse cargo de la automatización del sector justicia y del dilema resultante de la denominada neutralidad de la red". La modernización del Poder Judicial, para que no adolezca de por ejemplo las ilegalidades y errores conceptuales del Auto Acordado sobre firma digital de los Notarios, debe nacer del propio Poder Judicial o trabajando en conjutno con él. Y la neutralidad de Internet se está debatiendo en el Parlamento con un proyecto de ley en curso, que por cierto, en esa instancia podría apoyarse. Para no editorializar y concretar, proponemos además: 1. Debatir en seminarios acerca de la necesidad imperiosa de constitucionalizar el habeas data, derecho de acceso que debe ser incorporado en el 19 Nº4, y que es muy diferente al derecho de acceso a los documentos fundantes de los actos y contratos de la Administración, a que alude el artículo 8º de la CPE. 2. Trabajar en la creación de la orgánica que necesita la ley 19.628. Quizás no para tener una Superintendencia de Bases y Bancos de datos como propusimos en 1990-92, y buscando una instancia ad hoc al año 2007. 3. Sobre el Poder Judicial (ya que se menciona), en 1999 se presentó al Senado un proyecto de ley que modifica los códigos para legalizar la actuación electrónica de notarios y conservbadores, mismo proyecto que fue recogido por la Agenda Pro Crecimiento de la Sofofa el año 2002. Esta iniciativa puede ahora recogerse y debatirse. 4. Recoger y apoyar el trabajo parlamentario sobre los dos proyectos de ley en curso, que en forma idónea incorporan los delitos informáticos al Código Penal. Y analizar el tema en conjunto con ingenieros especialistas en seguridad de sistemas. 5. Analizar el tema del tratamiento de datos personales en los servicios públicos, sin "satanizar" -como se ha hecho en otras comisiones- a los mas adelantados en este ámbito. Atte., rjl